La autonomía universitaria pesa en la discusión sobre el criterio para distribuir recursos nuevos
En materia de posible reforma de la Ley 30 de 1992 se va llegando a un acuerdo básico: no hay reforma durante la vigencia del gobierno actual. Se presentará un proyecto de ley en materia de recursos nuevos para el sector y sobre ello se está trabajando con relativo éxito. La discusión no es sobre el monto sino sobre los mecanismos para la distribución en el sector público y algo en el privado, a través de la constitución de fondos con destinación específica para la investigación, para aumentar el salario básico de ingreso de los profesores nuevos a las universidades estatales, para ampliar cobertura, para el desarrollo institucional, entre otros.
El punto central, en el que las instituciones estatales no cederán, tiene que ver con la propuesta del Ministerio según la cual los recursos adicionales al sistema de universidades estatales sean distribuidos con base en indicadores de costo y resultado respecto a las funciones sustantivas de formación e investigación; aunque se señale en la propuesta del Ministerio que dichos indicadores serán negociados con el Sistema de Universidades Estatales.
Parecen dos posiciones irreconciliables. En efecto, para el Ministerio tal posición se corresponde muy bien con la naturaleza de bien público del servicio educativo, con la responsabilidad de rendir cuentas en función de la autorregulación que le es propia a las universidades y por la conciencia del gobierno sobre la responsabilidad por la calidad y cantidad del servicio que se presta. Las universidades, por su parte, consideran que la autonomía financiera es un componente irrenunciable de la autónoma reconocido por la Carta Política del 91 a las Universidades en forma exclusiva y que la ley debe desarrollar y respetar. Se parte del principio de que el Estado cree en la Universidad y quiere su desarrollo más allá de toda sospecha. En este orden de ideas es un derecho irrenunciable de la universidad darse sus propias reglas de juego en materia de esquemas de formación y de las actividades de investigación. Estas funciones no pueden subordinarse al interés de poder disponer de nuevos recursos. Así las cosas, la posición del Ministerio es inaceptable.
Seguirán las conversaciones. Se ha avanzado en forma seria y con éxito. Esperamos que la tónica se mantenga y que la nueva composición del congreso de la república generada en las votaciones próximas no frustre las expectativas del sector en la materia. El Ministerio ha sido claro: habrá presentación del nuevo proyecto de Ley en materia financiera si se presenta de modo consensuado.